Ya no la policía, sino las fuerzas armadas, están recibiendo poderes fuera de su competencia para combatir la criminalidad, la violencia y el narcotráfico en los países de América Central. La tendencia despertó preocupación en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), ya que va en contra de varios mecanismos internacionales de derechos humanos.
