El pasado 20 de septiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, dio por terminada la audiencia inicial contra tres dirigentes indígenas Lenca del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras). En su resolución, dictó auto de prisión con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez, y prisión preventiva para Bertha Cáceres, coordinadora nacional y dirigente histórica de esta organización.
Todo es parte de una estrategia que apunta a atacar a los líderes y lideresas de los movimientos que se oponen a los proyectos y megaproyectos hidroeléctricos, mineros, de expansión de los monocultivos. Quieren atemorizarlos y debilitarlos, criminalizando el ejercicio de los derechos ciudadanos. Lamentablemente, constatamos también que la institucionalidad del sector justicia se ha convertido en un instrumento en manos de estas empresas, y que está operando como rehén al servicio del gran capital nacional e internacional.
