
La comunicación pide claramente no sólo la investigación, sino también la condena de los que persiguieron u ordenaron la persecución política de hondureños/as que se manifestaron pública y pacíficamente contra el Golpe de Estado. El documento enviado a la CPI también llama la atención sobre la contribución realizada por los dueños de medios de comunicación masivos y por religiosos, que hicieron la apología de la persecución de los que estaban en contra del golpe. Éstos también deben ser investigados.
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