La ruptura de la negociación tripartita para determinar los ajustes al salario mínimo para 2009, llevó al gobierno hondureño a decidir de manera unilateral, tal como prevé la ley laboral, un aumento del 60 por ciento. La reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) no se hizo esperar, desatando una ola de recursos de amparo y despidos que provocaron la reacción de las centrales sindicales y las principales organizaciones sociales.
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